El documento PROPUESTAS PARA UN PACTO SOCIAL Y POLÍTICO POR LA EDUCACIÓN, donde se concreta la propuesta del Ministerio de Educación, supone una “reforma” educativa que no garantiza la superación de los principales problemas de la desigualdad educativa: desigualdad de oportunidades, fracaso escolar y abandono prematuro, dificultades para la inserción sociolaboral, poca calidad de la FP, poca extensión de la escuela infantil, insuficientes recursos…
La función principal de la iniciativa ministerial es intentar neutralizar la alarma social producida por la gravedad y persistencia de esos problemas educativos. Avalar estas propuestas ministeriales desde la izquierda o el sindicalismo dificulta la posibilidad de promover a corto y medio plazo, el verdadero cambio que sí necesitan las políticas educativas.
Aspectos más negativos del documento del ME:
Refuerzo de la segregación: diferenciación escolar más temprana.
Se plantea que 4º curso de la ESO tendrá carácter orientador y se organizará en dos opciones, una dirigida hacia estudios generales (bachillerato) y otra orientada hacia estudios profesionales (Ciclos formativos de formación profesional de Grado Medio).
Esto refuerza la dinámica segregadora, se intenta favorecer el éxito escolar del alumnado más aventajado, separando al que tiene más dificultades.
No podemos olvidar que el rendimiento escolar tiene condicionantes sociales y culturales, incluyendo dificultades lingüísticas y de adaptación de sectores inmigrantes. Por ello esta opción refuerza la segmentación y dificulta la integración social y cultural de sectores más desfavorecidos.
Se olvida el compromiso de garantía de igualdad efectiva de oportunidades, al adaptarse y obviar el abandono escolar temprano.
No se aborda el fracaso escolar ni se asegura el refuerzo educativo necesario.
Ausencia de un refuerzo especial de la escuela pública y avance de la equiparación pública-concertada y de la libertad de elección de centro.
Se olvida la red pública de centros, haciendo una constante formulación de los “centros sostenidos con fondos públicos”, es decir se refuerza la red concertada, que no debería ser sino subsidiaria de la pública.
No se concreta cómo garantizar el equilibrio para la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales.
Se potencia el acceso a los centros concertados al plantear que se debe “favorecer” la libertad de elección de las familias, en lugar de “asegurar” el derecho a la educación.
Establece un peligroso incremento de la autonomía de los centros (horarios, recursos…) lo que supone un grave incremento de las deferencias entre los centros públicos y los concertados, en perjuicio de aquellos centros que escolarizan sectores sociales más débiles.
Se tiende al incremento de la privatización del sistema educativo, a la potenciación de alumnado con mayores dificultades educativas en los centros públicos, y a un mayor desplazamiento del alumnado hacia la privada-concertada.
No hay un compromiso claro de incremento de la financiación.
No hay compromisos concretos normativos ni de financiación, y se hace recaer la responsabilidad en el esfuerzo individual del profesorado y del alumnado. En particular, hay tres aspectos que necesitarían una fuerte financiación: escuelas infantiles públicas, una FP de mayor prestigio y calidad y atención a la diversidad.
En definitiva, la propuesta de Pacto Educativo del ME supone un retroceso que consolidad la desigualdad educativa. Es necesario que nuestro Sindicato mantenga una posición activa en las mesas de negociación, en los centros y ante la opinión pública, rechazando los aspectos regresivos mencionados y defendiendo un modelo educativo igualitario, inclusivo y progresista. De ninguna manera podemos colaborar – por acción o por omisión – en permitir el avance de un sistema educativo que no garantice la igualdad de oportunidades y la mejora de los sectores sociales más desfavorecidos.
La función principal de la iniciativa ministerial es intentar neutralizar la alarma social producida por la gravedad y persistencia de esos problemas educativos. Avalar estas propuestas ministeriales desde la izquierda o el sindicalismo dificulta la posibilidad de promover a corto y medio plazo, el verdadero cambio que sí necesitan las políticas educativas.
Aspectos más negativos del documento del ME:
Refuerzo de la segregación: diferenciación escolar más temprana.
Se plantea que 4º curso de la ESO tendrá carácter orientador y se organizará en dos opciones, una dirigida hacia estudios generales (bachillerato) y otra orientada hacia estudios profesionales (Ciclos formativos de formación profesional de Grado Medio).
Esto refuerza la dinámica segregadora, se intenta favorecer el éxito escolar del alumnado más aventajado, separando al que tiene más dificultades.
No podemos olvidar que el rendimiento escolar tiene condicionantes sociales y culturales, incluyendo dificultades lingüísticas y de adaptación de sectores inmigrantes. Por ello esta opción refuerza la segmentación y dificulta la integración social y cultural de sectores más desfavorecidos.
Se olvida el compromiso de garantía de igualdad efectiva de oportunidades, al adaptarse y obviar el abandono escolar temprano.
No se aborda el fracaso escolar ni se asegura el refuerzo educativo necesario.
Ausencia de un refuerzo especial de la escuela pública y avance de la equiparación pública-concertada y de la libertad de elección de centro.
Se olvida la red pública de centros, haciendo una constante formulación de los “centros sostenidos con fondos públicos”, es decir se refuerza la red concertada, que no debería ser sino subsidiaria de la pública.
No se concreta cómo garantizar el equilibrio para la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales.
Se potencia el acceso a los centros concertados al plantear que se debe “favorecer” la libertad de elección de las familias, en lugar de “asegurar” el derecho a la educación.
Establece un peligroso incremento de la autonomía de los centros (horarios, recursos…) lo que supone un grave incremento de las deferencias entre los centros públicos y los concertados, en perjuicio de aquellos centros que escolarizan sectores sociales más débiles.
Se tiende al incremento de la privatización del sistema educativo, a la potenciación de alumnado con mayores dificultades educativas en los centros públicos, y a un mayor desplazamiento del alumnado hacia la privada-concertada.
No hay un compromiso claro de incremento de la financiación.
No hay compromisos concretos normativos ni de financiación, y se hace recaer la responsabilidad en el esfuerzo individual del profesorado y del alumnado. En particular, hay tres aspectos que necesitarían una fuerte financiación: escuelas infantiles públicas, una FP de mayor prestigio y calidad y atención a la diversidad.
En definitiva, la propuesta de Pacto Educativo del ME supone un retroceso que consolidad la desigualdad educativa. Es necesario que nuestro Sindicato mantenga una posición activa en las mesas de negociación, en los centros y ante la opinión pública, rechazando los aspectos regresivos mencionados y defendiendo un modelo educativo igualitario, inclusivo y progresista. De ninguna manera podemos colaborar – por acción o por omisión – en permitir el avance de un sistema educativo que no garantice la igualdad de oportunidades y la mejora de los sectores sociales más desfavorecidos.
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