Basándose en que los niveles de déficits públicos y de deudas públicas de todos los países de la zona euro, pero especialmente de que los más débiles de dicha zona (Grecia, Portugal, España e Irlanda) han llegado a niveles que son vistos con gran alarma por los mercados financieros, que sólo están dispuestos a seguir prestando dinero a estos países a unas tasas de interés muy altas, y que esto puede suponer un ataque al euro de graves consecuencias para todos los países de la UE, los mercados financieros mundiales exigen que estos países tomen medidas para disminuir los déficits sustancialmente. Esta posición es reforzada por las instituciones internacionales, Fondo Monetario Internacional y especialmente la propia UE, que refuerzan la exigencia y obligan a estos países más débiles a tomar duras medidas para reducir los déficits; la UE exige a España que reduzca su déficit al 6% en 2011 y al 3% en 2013. Con estas medidas y otras que pueden venir inmediatamente, se satisfarán los mercados y todo irá mejor, dicen.
Esta es la parte sencilla del planteamiento. El tema es más complicado. En el fondo lo que sucede es que los estados de la UE están inmersos en otra gran crisis porque sus deudas (incurridas para salvar el sistema financiero de la crisis de 2008) han alcanzado niveles que pueden poner en cuestión incluso la capacidad de los mercados para prestar el dinero suficiente para satisfacerlas. Y ello se produce en el marco de una absoluta negativa por parte de los mercados, los gobiernos de los estados y de las instituciones internacionales, de contemplar siquiera el regular seriamente los mercados financieros y de establecer reformas fiscales que graven a quienes tienen mucho dinero y podrían proporcionar ingresos a los estados para que su deuda sea menor. A pesar de que no faltan entidades con muchos beneficios1. Al mismo tiempo los mercados financieros están llevando a cabo una complicada y sofisticada estrategia para hacer cundir alarmas y aprovechar la oportunidad para ganar todavía más dinero con tácticas especulativas El temor a esta gran ‘crisis de la deuda’ de los estados ricos ha forzado a la Unión Europea a establecer un rescate enorme de 750.000 millones de euros (que incluso se duda que sea suficiente). Así que la ‘única’ forma de que los estados tengan mayores ingresos es con las draconianas e injustas medidas que están tomando contra sus pueblos:
Esta es la parte sencilla del planteamiento. El tema es más complicado. En el fondo lo que sucede es que los estados de la UE están inmersos en otra gran crisis porque sus deudas (incurridas para salvar el sistema financiero de la crisis de 2008) han alcanzado niveles que pueden poner en cuestión incluso la capacidad de los mercados para prestar el dinero suficiente para satisfacerlas. Y ello se produce en el marco de una absoluta negativa por parte de los mercados, los gobiernos de los estados y de las instituciones internacionales, de contemplar siquiera el regular seriamente los mercados financieros y de establecer reformas fiscales que graven a quienes tienen mucho dinero y podrían proporcionar ingresos a los estados para que su deuda sea menor. A pesar de que no faltan entidades con muchos beneficios1. Al mismo tiempo los mercados financieros están llevando a cabo una complicada y sofisticada estrategia para hacer cundir alarmas y aprovechar la oportunidad para ganar todavía más dinero con tácticas especulativas El temor a esta gran ‘crisis de la deuda’ de los estados ricos ha forzado a la Unión Europea a establecer un rescate enorme de 750.000 millones de euros (que incluso se duda que sea suficiente). Así que la ‘única’ forma de que los estados tengan mayores ingresos es con las draconianas e injustas medidas que están tomando contra sus pueblos:
El 21 de mayo el Consejo de Ministros aprobó por Decreto Ley, un recorte en el gasto de 15.250 millones de euros (5.250 par 2010 y 10.000 para 2011), equivalentes al 1,5% del PIB, con las siguientes medidas:
La reducción en un 5% de los salarios de los funcionarios públicos.
La congelación de las pensiones (con la excepción de las no contributivas y mínimas).
La eliminación del régimen transitorio para la jubilación parcial.
El fin de cheque-bebé de 2.500 euros.
El control de las dosis de los medicamentos en la sanidad pública.
La eliminación de la retroactividad en el cobro de las prestaciones de la Ley de Dependencia.
El recorte en 600 millones de euros de la ayuda a los países en desarrollo (AOD).
La reducción en 6.000 millones de la inversión pública en infraestructuras.
Un recorte de 1.500 millones en el gasto público de las administraciones autonómicas y municipales.
Además están en curso la reforma laboral, la revisión del Pacto de Toledo y el recorte presupuestario de 50.000 millones de euros para tres años. Asimismo se está procediendo a la reestructuración de las Cajas de Ahorros, impulsando una gran concentración y una privatización más o menos camuflada de esta importante sección del sector financiero español.
Mediada dicha semana de mayo y ante el escándalo que ha supuesto el tomar estas medidas sin que se hayan tocado para nada a los ricos del país, el Presidente del Gobierno señaló que ‘se podrá tratar más delante de subir impuestos a los que más tienen’ (contradiciéndose con la Ministra de Economía y el Ministro de Trabajo que dicen que no está previsto subir impuestos), pero sin especificar en ningún momento ni cuando se tomarán esas medidas y cuales serán. Y aunque se comenta que el Gobierno baraja la idea de poner un impuesto a los ricos, no aparece ningún indicio de ello en el Decreto Ley aprobado. Es muy difícil no dudar de la voluntad de subir impuestos expresada con tan poca precisión, cuando en el verano de 2009 también habían dicho lo mismo, para pasar en otoño a subir el IVA.
Queremos señalar que las medidas son enormemente injustas y, además, es de temer que muy ineficientes, pues no pueden por menos de aumentar la recesión (lo que incluso ha sido admitido por nuestra Ministra de Economía), deteriorar aún más el funcionamiento de la economía real y aumentar el paro. Suponen, además, la justificación y consolidación de un duro tratamiento para las clases populares. Es evidente que estas medidas van a suponer un muy importante deterioro en el nivel de vida de amplios grupos de la población española, no sólo los directamente afectados sino también otros que sufrirán las consecuencias indirectas. Y las medidas van siendo cada vez más y más duras, a medida que los mercados se sienten más poderosos y las poblaciones estamos más sometidas y asustadas.
La reducción en un 5% de los salarios de los funcionarios públicos.
La congelación de las pensiones (con la excepción de las no contributivas y mínimas).
La eliminación del régimen transitorio para la jubilación parcial.
El fin de cheque-bebé de 2.500 euros.
El control de las dosis de los medicamentos en la sanidad pública.
La eliminación de la retroactividad en el cobro de las prestaciones de la Ley de Dependencia.
El recorte en 600 millones de euros de la ayuda a los países en desarrollo (AOD).
La reducción en 6.000 millones de la inversión pública en infraestructuras.
Un recorte de 1.500 millones en el gasto público de las administraciones autonómicas y municipales.
Además están en curso la reforma laboral, la revisión del Pacto de Toledo y el recorte presupuestario de 50.000 millones de euros para tres años. Asimismo se está procediendo a la reestructuración de las Cajas de Ahorros, impulsando una gran concentración y una privatización más o menos camuflada de esta importante sección del sector financiero español.
Mediada dicha semana de mayo y ante el escándalo que ha supuesto el tomar estas medidas sin que se hayan tocado para nada a los ricos del país, el Presidente del Gobierno señaló que ‘se podrá tratar más delante de subir impuestos a los que más tienen’ (contradiciéndose con la Ministra de Economía y el Ministro de Trabajo que dicen que no está previsto subir impuestos), pero sin especificar en ningún momento ni cuando se tomarán esas medidas y cuales serán. Y aunque se comenta que el Gobierno baraja la idea de poner un impuesto a los ricos, no aparece ningún indicio de ello en el Decreto Ley aprobado. Es muy difícil no dudar de la voluntad de subir impuestos expresada con tan poca precisión, cuando en el verano de 2009 también habían dicho lo mismo, para pasar en otoño a subir el IVA.
Queremos señalar que las medidas son enormemente injustas y, además, es de temer que muy ineficientes, pues no pueden por menos de aumentar la recesión (lo que incluso ha sido admitido por nuestra Ministra de Economía), deteriorar aún más el funcionamiento de la economía real y aumentar el paro. Suponen, además, la justificación y consolidación de un duro tratamiento para las clases populares. Es evidente que estas medidas van a suponer un muy importante deterioro en el nivel de vida de amplios grupos de la población española, no sólo los directamente afectados sino también otros que sufrirán las consecuencias indirectas. Y las medidas van siendo cada vez más y más duras, a medida que los mercados se sienten más poderosos y las poblaciones estamos más sometidas y asustadas.
Extracto del Seminario de economía crítica Taifa (2010). La crisis en el estado español: el rescate de los poderosos.
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